Fonte: Internet
3er Foro de UN sobre las empresas y los derechos humanos
Ginebra, Suiza. Representantes indígenas de una veintena de países, reclamaron no ser incluidos en el panel de la Presentación del documento guía sobre Planes de Acción Nacional por el Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos, efectuado este día en el Palacio de Naciones.
Cuestionaron la falta de voluntad política de los Estados para solucionar las demandas indígenas y su inclinación por criminalizar y asesinar a dirigentes que defienden sus territorios.
Andrea Carmen, del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), lamentó que los pueblos indígenas como actores centrales de los derechos no hayan sido invitados.
En las reuniones preliminares del 3er Foro de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que tiene lugar del 1 al 3 de diciembre en Ginebra, enviados del sector empresarial, enaltecían las bondades de la industria, en la reparación de daños y protección de los derechos humanos.
Sin embargo, su optimismo no es compartido por ONG’s quienes asestaban bofetadas y calificaban las declaraciones de gobiernos y la iniciativa privada como una mentira desproporcionada, ya que apuntaban raya en la corrupción y medidas coercitivas para sus fines de lucro.
Para los activistas y representantes indígenas, se debe a emplazar a las empresas a resarcir los daños causados por su desmedida ambición que ha traído severas afectaciones a los territorios de los pueblos originarios.
Los delegados indígenas de México, Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Rusia, Noruega, Namibia, entre otros, consideran que las empresas imponen su voluntad por encima de los Estados, lo que pone en riesgo la integridad física y cultural de los pueblos indios.
Los pueblos indígenas consideran que no existen mecanismos efectivos para la reparación del daño y es muy evidente esto en la Guía sobre Planes de Acción Nacional por el Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos.
Afirman que es importante establecer juicios en tribunales internacionales a fin de que las industrias cumplan con las comunidades indias.
En este sentido coincidieron expositores en el panel: “Pueblos Indígenas y acceso a la justicia y al remedio en el contexto de las actividades empresariales”.
Luis Vittor, de la Coordinador Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), afirmó que hay que estar pendientes que los Estados cumplan con sus obligaciones en que las empresas cumplan con su responsabilidad de resarcir los daños, además de estructurar mecanismos de reclamación.
Dalee Sambo Dorough, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpus, Relatora especial sobre los derechos de losw pueblos indígenas de Naciones Unidas, Pavel Sulyandziga del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los negocios y los derechos humanos, Thomas Jolong, presidente de la Red Nacional de Pueblos Indígenas de Malasia y Aurelio chino de la Amazonía del Perú, fueron contundentes en sus juicios al sector industrial.
Para Dalee Sambo, Inuit de Alaska. La reparación del daño enfrenta una gran complejidad, dado que los valores con vistos desde distintas ópticas.
Abundó que mientras para la sociedad occidental la indemnización se concibe desde un puntos de vistga individual, en el caso de los pueblos indígenas se mira desde una concepción colectiva.
Lo anterior, afirma, impide que los detractores de los recursos naturales, garanticen la reparación del dañpo a la identidad de los pueblos indígenas, dado que va más alla de la restitución material, es una relación más profunda con sus territorios, tienen otra dimensión, apuntó.
Por ello subraya, debe de tomarse como principio lo estipulado en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT), o la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En estos textos, indica, se asienta el concepto de autodeterminación donde se dice que los Estados deben realizar reformas legislativas en beneficio de los pueblos indígenas dado que estas sociedades son más vulnerables.
En el mismo sentido se pronunció Pavel Sulyandziga, para quien debe tomarse como referencia el Documento Final de la recién Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de la ONU, donde los gobiernos se obligan a cooperar sobre todo lo relacionado con la responsabilidad de las industrias extractivas y estar atentos a que estos no afecten a las sociedades originarias.
Los panelistas indígenas coincidieron en que la consulta es endeble y la mayoría de las ocasiones, es más un diálogo de sordos de los Estados para justificar la entrada de transnacionales carboníferas, eólicas, mineras o forestales en territorios indios.
Es el caso de los 44 años de explotación petrolera que sin ningún pudor, contaminó los ríos y lagos de la Amazonía peruana en complicidad con el Estado quien ha hecho caso omiso de la exigencia de solucionar esta situación de los indígenas de esta región, quienes consumen agua infectada de metales pesados.
Ante ello, Jakeline Romero Epiayu, Wayuu de Colombia, lo mismo que Verónica Huilipan de la Confederación Mapuche Argentina del Nequén, así como Carlos de Jesús Alejandro de México, exigen a los gobiernos solucionar de inmediato las demandas indígenas.
Dirigentes indígenas piden en Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, retomar instrumentos internacionales en la materia
Se solidarizan con Normalistas de Ayotzinapa
Genaro Bautista
El Conclave de los Pueblos Indígenas llamó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene lugar en Ginebra del 1 al 3 de diciembre, a tomar en cuenta, en los debates y conclusiones del Tercer Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, todos los convenios, tratados y estándares internacionales en la materia de derechos de los pueblos indígenas, incluido el contenido del documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General el 22 de septiembre de 2014 (A/RES/69/2).
El cónclave global indígena expresa ante este foro internacional que se une a la exigencia de justicia de las madres y padres de familia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de civiles asesinados en Iguala Guerrero, México
Afirman: “hacemos nuestra la demanda del pueblo mexicano de la presentación con vida de los cuarenta y tres estudiantes, en su mayoría indígenas y campesinos, secuestrados por elementos de la policía mexicana y hacemos un llamado a los Estados Unidos Mexicanos para que se realice una investigación seria que lleva a juicio y castigo a los responsables de estas acciones. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, señala el documento.
Participan en el Foro, Carlos de Jesús Alejandro, Diputado Federal, Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de Tierra y Territorio de Oaxaca, Marcos Matías Alonso, Enrique Victoria, Patricia Torres Sandoval de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Francisca de la Cruz Victoria, de la Casa dela Salud de la Mujer Indígena "Manos Unidos", entre otros.
En su proclama, el caucus, bajo la coordinación de Bettina Cruz, pide también a los Estados que se encuentran en proceso de formulación o de implementación de sus Planes Nacionales para la aplicación de los Principios Rectores, hacer lo propio.
Su voz fue escuchada por los organizadores del Foro quienes anunciaron que el pronunciamiento indígena será leído en la apertura el día de mañana 2 de diciembre en el Palacio de Naciones durante la apertura del evento.
Las representaciones indígenas, manifiestan su respaldo a las recomendaciones contenidas en los parágrafos 3, 16, 20, 21 y 24 del documento final de la Conferencia Mundial
Recomienda a los Estados proteger, y hacer cumplir a las empresas con la responsabilidad de las remediaciones integrales, cuando los derechos de los pueblos indígenas hayan sido violados por causa del desarrollo de negocios y proyectos empresariales:
El conclave subraya que los Estados deben garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Además, exponen, los países deben comprometerse a no emitir reglamentos y leyes que restrinjan el ejercicio de este derecho y a adecuar su legislación interna en coherencia con los estándares y compromisos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.
Los Estados apuntan, deben garantizar la vida de los pueblos indígenas y protegerlos de todo tipo de amenazas.
Dicen que es urgente tomar medidas para suspender la producción y exportación de agro-tóxicos, así como no permitir el uso de éstos en territorios y fuentes de agua de los pueblos indígenas, al respecto, reiteramos la recomendación del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, de mayo de 2014, de hacer una revisión legal de la Convención de Rotterdam.
Los Estados señalan, deben respetar y proteger las actividades económicas que desarrollan los pueblos indígenas dentro y fuera de sus territorios, sin criminalización y sin cargas impositivas discriminatorias.
“Los empresarios indígenas deberían tener una fuerte presencia en estos espacios de debate y las Naciones Unidas tendrían que alentar la realización de una Cumbre Global de Empresas Indígenas”.
A las empresas les plantean que deben asumir la responsabilidad del pago previo de garantías a los pueblos indígenas que hayan otorgado su consentimiento libre, previo e informado a la realización de sus actividades.
Las empresas, enfatizan deben implementar mecanismos de remediación integral que incluyan el reconocimiento público y solicitud sincera de perdón por el daño que hayan ocasionado a pueblos indígenas.
En el próximo Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos, debería incluirse un punto específico sobre el acceso a remediaciones para pueblos indígenas.
Piden que las organizaciones internacionales multilaterales, gubernamentales y no-gubernamentales no apoyen iniciativas que promuevan que se restrinjan o violen los derechos de los pueblos indígenas (como ha ocurrido con la UNIP en Bolivia).
En sus observaciones, se quejan que en este Tercer Foro sobre Empresas y Derechos Humanos se haya dado un paso atrás en el fomento de espacios para la participación en el evento oficial.
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